Bicicletas compartidas: el civismo también se monta sobre dos ruedas

Hay inventos urbanos que parecen hechos a la medida de una ciudad inteligente. Las bicicletas compartidas son uno de ellos: tomas una en una estación, pedaleas hasta tu destino y la devuelves en otra. Pagas digitalmente, desbloqueas el vehículo y sigues tu camino. Sencillo, económico, saludable y amigable con el medio ambiente. Una maravilla.

Claro, todo funciona de maravilla mientras alguien no confunda compartir con apropiarse, o crea que el mobiliario público es un catálogo gratuito de repuestos.

En Sudamérica, los sistemas de bicicletas compartidas han demostrado que el problema no siempre está en la tecnología, sino en una pieza difícil de fabricar, instalar y mantener: el civismo.

Bogotá cuenta con una flota de miles de bicicletas mecánicas, eléctricas, de carga y adaptadas. Buenos Aires supera las tres mil unidades y dispone de estaciones distribuidas por buena parte de la ciudad. Santiago de Chile también ha apostado por miles de bicicletas, mientras Lima mantiene una operación más fragmentada, concentrada principalmente en distritos exclusivos como Miraflores, San Isidro y San Borja.

Los millones de viajes acumulados en estas ciudades demuestran que existe demanda. Sin embargo, detrás de los pedaleos aparecen los costos menos románticos de la movilidad sostenible: bicicletas desaparecidas, anclajes destruidos, cables arrancados, baterías robadas y piezas que terminan en mercados informales.

En Bogotá, los problemas de vandalismo y seguridad han obligado a replantear la ubicación y operación de estaciones. En Buenos Aires, algunas estaciones han sido retiradas de sectores donde coincidían el vandalismo y una demanda insuficiente. Santiago también conoció las dificultades de los sistemas de bicicletas sin estaciones fijas, en Lima, la concentración del servicio en zonas con mayor vigilancia limita su expansión hacia otros sectores de la metrópoli.

Y aparece otra proeza de la creatividad delictiva: los usuarios fantasmas, las identidades falsas y las bicicletas que salen a rodar para no regresar jamás. Una especie de turismo de ida, financiado por un sistema que pretendía beneficiar a todos.

La respuesta ha sido reforzar anclajes, instalar cámaras, incorporar GPS, verificar identidades y aumentar los controles. Es decir, para que una bicicleta compartida pueda sobrevivir, hay que equiparla de tecnología, vigilancia y procedimientos que encarecen el servicio. El delincuente hace su trabajo gratis; la sociedad paga la factura.

En el otro extremo del planeta, Japón, ciudades como Tokio, Osaka y Kioto ofrecen ejemplos de sistemas de bicicletas compartidas apoyados en tecnología, organización y hábitos de respeto por el espacio común. Las bicicletas se desbloquean digitalmente y se devuelven en lugares autorizados. La confianza social y el cumplimiento de las normas ayudan a que el sistema funcione.

No significa que Japón esté libre de robos o problemas operativos. Significa que el respeto por lo compartido puede reducir la necesidad de convertir cada bicicleta en una pequeña fortaleza sobre ruedas.

En China, la ciudad de Hangzhou desarrolló uno de los grandes sistemas públicos de bicicletas compartidas, con decenas de miles de unidades. Su experiencia muestra la importancia de conectar las bicicletas con el metro y los autobuses, ordenar las estaciones y mantener una logística capaz de redistribuir y reparar los vehículos.

La comparación deja una lección interesante: la infraestructura importa, pero la cultura ciudadana también. No basta con comprar bicicletas, instalar estaciones y estrenar una aplicación con nombre moderno. Hay que conseguir que el usuario entienda que aquello que utiliza no es suyo en exclusiva, pero sí le pertenece como miembro de la sociedad.

Japón y China tienen problemas urbanos propios, y Sudamérica no está condenada al vandalismo. En nuestras ciudades también hay ciudadanos que cuidan, respetan y defienden lo público. El problema es que basta una minoría dispuesta a destruir para perjudicar a miles de personas.

Quizá debamos preguntarnos qué clase de ciudad estamos construyendo cuando necesitamos cámaras para impedir que alguien robe una batería o candados reforzados para evitar que desaparezca un sillín.

La bicicleta compartida es mucho más que un vehículo: es un pequeño ejercicio de confianza colectiva. Enseña que podemos usar algo sin adueñarnos de ello, disfrutar un servicio sin destruirlo y entender que lo público no es tierra de nadie.

Y aquí viene la ironía: queremos ciudades inteligentes, aplicaciones sofisticadas, vehículos eléctricos y sistemas de transporte de última generación, pero todavía tenemos que explicarle a algunos ciudadanos que llevarse una bicicleta ajena no es emprendimiento, que destruir una estación no es protesta y que robar una rueda no constituye una política de movilidad.

Tal vez el verdadero salto tecnológico no consista en instalar otro GPS, sino en actualizar nuestro sentido de pertenencia. Porque si quien la utiliza carece de respeto por los demás, el sistema entero termina pedaleando cuesta arriba. El buen uso de la bici también demuestra que eres un buen ciudadano.