No es un miedo infundado, cerca de dos terceras partes de la electricidad que consume el país siguen dependiendo de las centrales hidroeléctricas. Cuando las lluvias desaparecen y los embalses bajan de nivel, el sistema eléctrico entra en una zona de tensión que obliga a recurrir con mayor intensidad a plantas térmicas alimentadas con gas, carbón o combustibles líquidos, mucho más costosas y contaminantes.
La historia ofrece un recordatorio contundente. Entre 1992 y 1993 Colombia sufrió uno de los racionamientos eléctricos más severos de su historia debido a una combinación de sequía extrema provocada por El Niño y una fuerte dependencia de la generación hidráulica. Dos décadas después, entre 2015 y 2016, el país volvió a caminar peligrosamente sobre la misma cuerda floja.
La pregunta parece obvia: si Colombia posee una de las mayores radiaciones solares del continente, ¿por qué aún depende tanto de la lluvia? Paradójicamente, Colombia se encuentra entre los países con mejores condiciones naturales para producir energía solar. Su ubicación ecuatorial permite una radiación relativamente constante durante todo el año, con niveles especialmente altos en departamentos como La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Tolima y parte de los Llanos Orientales.
Durante años esa ventaja permaneció prácticamente desaprovechada. Mientras Alemania —con menos horas de sol— se convirtió en una potencia fotovoltaica, Colombia continuó construyendo represas y fortaleciendo un sistema eléctrico cuya principal fortaleza también constituye su mayor vulnerabilidad: depender del agua.
La situación comenzó a cambiar con la expedición de la Ley 1715 de 2014, que abrió el camino para integrar las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), otorgando incentivos tributarios para quienes invirtieran en proyectos solares, eólicos y otras tecnologías limpias.
Posteriormente aparecieron normas técnicas como el RETIE, la NTC 2050 y la Resolución CREG 174 de 2021, que facilitaron la autogeneración y permitieron que hogares, empresas e industrias vendieran los excedentes de electricidad a la red nacional.
Sobre el papel, Colombia parecía haber iniciado la transición energética pero la realidad resultó mucho más compleja. El crecimiento existe… pero no al ritmo que necesita el país y sería injusto afirmar que no ha ocurrido nada, las cifras muestran un crecimiento extraordinario. Según datos de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME-, Colombia pasó de aproximadamente 200 MW de capacidad solar instalada en 2022 a más de 4.000 MW en 2026, multiplicando por veinte su capacidad fotovoltaica en apenas cuatro años.
También aumentó significativamente la autogeneración. Hoy existen más de 24.000 techos solares conectados al sistema eléctrico colombiano entre viviendas, industrias, comercios y pequeñas empresas. Solo durante 2025 se instalaron más de nueve mil nuevos sistemas fotovoltaicos.
En el primer trimestre de 2026 el operador del Sistema Interconectado y el administrador del Mercado de Energía Mayorista de Colombia – XM – reportó la entrada en operación comercial de 55 nuevos proyectos de generación, de los cuales la gran mayoría correspondió a generación distribuida y autogeneración solar. Son cifras históricas, pero también esconden otra realidad. Mucha capacidad instalada… poca participación en la energía diaria
Existe una diferencia que suele perderse en el debate público. No es lo mismo hablar de capacidad instalada que de energía efectivamente generada. Instalar miles de megavatios solares significa que esos paneles pueden producir electricidad, pero solamente producen cuando hay radiación solar.
Las hidroeléctricas, por su parte, pueden generar durante muchas más horas al día, siempre que exista suficiente agua almacenada. Por eso, aunque la capacidad solar instalada ha crecido de forma extraordinaria, la mayor parte de la electricidad que consumen diariamente los colombianos continúa proviniendo de las hidroeléctricas y, cuando escasea el agua, de las plantas térmicas. En otras palabras, Colombia avanza hacia una matriz más diversificada, pero todavía no ha dejado de depender de la lluvia.
Uno de los discursos más repetidos durante el gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido que la solución al Fenómeno de El Niño no consiste en construir más plantas térmicas sino en acelerar la transición hacia energías renovables. El argumento tiene fundamento técnico. Cada panel solar instalado reduce la necesidad futura de combustibles fósiles y disminuye las emisiones de carbono. Sin embargo, la transición energética no depende únicamente de instalar paneles, requiere redes de transmisión, almacenamiento mediante baterías, regulación eficiente, inversión privada, estabilidad jurídica, financiación y aceptación de las comunidades donde se desarrollan los proyectos, y precisamente allí aparecen los mayores obstáculos.
Sobre el papel existen cientos de iniciativas solares registradas ante la UPME, pero registrarlas no significa construirlas. Muchas permanecen detenidas por consultas previas, conflictos sociales, problemas ambientales, dificultades para obtener financiación, retrasos en las líneas de transmisión o simplemente porque dejaron de ser rentables para los inversionistas.
La Guajira resume perfectamente esa contradicción. Posee algunos de los mejores recursos solares y eólicos de América Latina, sin embargo, numerosos proyectos han sufrido retrasos por conflictos territoriales, procesos de consulta con comunidades indígenas y dificultades para construir las líneas que deben transportar esa electricidad hacia el resto del país.
La consecuencia es evidente, el potencial energético existe, la infraestructura todavía no. Entonce se plantea la pregunta ¿A quién benefician realmente los paneles solares? La respuesta depende del lugar donde se mire. En las grandes ciudades, la energía solar ha sido adoptada principalmente por industrias, centros comerciales, universidades, hospitales y empresas capaces de invertir varios millones de pesos en sistemas fotovoltaicos, para ellas el ahorro en la factura eléctrica puede ser considerable.
En zonas rurales el panorama cambia, allí miles de familias que nunca habían tenido acceso permanente a la electricidad hoy cuentan con pequeños sistemas solares aislados. En estos casos, la energía solar no solo reduce costos, significa refrigerar medicamentos, bombear agua, iluminar escuelas o mantener conectividad digital. El verdadero desafío consiste en extender esos beneficios más allá de los proyectos piloto.
Dentro de esa estrategia apareció el programa Colombia Solar, orientado a que hogares vulnerables y pequeños negocios de estratos 1, 2 y 3 puedan convertirse en autogeneradores de electricidad mediante la instalación de paneles solares. En lugar de subsidiar indefinidamente el consumo eléctrico, el Estado financia parte de la infraestructura necesaria para que las familias produzcan parte de su propia energía.
El concepto es atractivo, la pregunta será si logra ejecutarse con suficiente cobertura, continuidad y recursos. ¿Cumplió el gobierno Petro? Responder sí o no sería simplificar un proceso mucho más complejo. Los datos muestran avances indiscutibles.
Nunca antes Colombia había incorporado tantos proyectos solares ni había alcanzado un crecimiento tan acelerado de la capacidad instalada, pero también es cierto que muchos proyectos continúan retrasados, que la demanda eléctrica crece más rápido que la nueva oferta y que persisten cuellos de botella regulatorios, financieros y de transmisión. Expertos advierten que, si estos obstáculos no se resuelven, el país podría enfrentar déficits estructurales de oferta en los próximos años.
Es decir, la transición comenzó, pero aún está lejos de completarse. Y aquí entra el reto para el gobierno de Abelardo de la Espriella, que hereda un escenario complejo. Por un lado, recibirá una infraestructura renovable mucho mayor que la existente hace cuatro años. Por otro, enfrentará una creciente demanda eléctrica, incertidumbres sobre el abastecimiento de gas y proyectos renovables que todavía esperan superar barreras sociales, ambientales y financieras.
De acuerdo con los lineamientos públicos conocidos hasta ahora, la nueva administración ha planteado fortalecer nuevamente la exploración de petróleo y gas como respaldo para la seguridad energética, sin abandonar las energías renovables. El reto será encontrar un equilibrio entre garantizar el suministro inmediato y mantener el impulso de la transición energética.
Más allá de los discursos, cada Fenómeno de El Niño recuerda que la verdadera seguridad energética no depende de una sola fuente, no basta con construir más hidroeléctricas, tampoco basta con instalar miles de paneles solares. La resiliencia del sistema colombiano pasa por combinar hidroelectricidad, energía solar, eólica, almacenamiento, redes inteligentes, eficiencia energética y una planeación que trascienda los ciclos políticos.
El sol, por sí solo, no resolverá todos los problemas del sistema eléctrico nacional, pero ignorarlo sería desperdiciar uno de los recursos naturales más abundantes que posee Colombia. Porque una cosa es impulsar la energía solar y otra muy distinta lograr que esta pueda sustituir, en pocos años, la enorme capacidad de generación que hoy aportan las hidroeléctricas y las plantas térmicas. Del mismo modo, apostar nuevamente por el petróleo y el gas puede fortalecer la seguridad energética en el corto plazo, pero no elimina la necesidad de diversificar la matriz eléctrica frente a un clima cada vez más variable.
En ese escenario, el verdadero desafío no será escoger entre paneles solares o pozos petroleros. Será construir una política energética de Estado que combine seguridad de abastecimiento, competitividad económica y sostenibilidad ambiental, con decisiones basadas en evidencia científica y no únicamente en los ciclos políticos.
