Hay leyes que se escriben pensando en los escritorios y hay otras que, si se cumplen, terminan llegando directamente a las calles. La Ley 2635 de 2026, promulgada el pasado 22 de septiembre en Colombia, pertenece a esa segunda categoría: habla de peatones, de ciclistas, de infraestructura, de educación vial y, sobre todo, de algo que debería ser la primera preocupación de cualquier sistema de movilidad: que la gente pueda regresar a casa.
La nueva norma adopta medidas para proteger a ciclistas y peatones en las vías del territorio nacional y establece responsabilidades para las autoridades nacionales, departamentales, municipales y distritales en materia de planeación, construcción, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura segura. También permite incorporar metas e indicadores de infraestructura peatonal y ciclista en los instrumentos de planificación territorial.
Traducido al idioma de la bicicleta: la ciclorruta no debería ser un pedazo de asfalto que aparece, desaparece, termina contra un poste o se convierte en parqueadero. Debe formar parte de una red pensada para conectar barrios, escuelas, centros de trabajo, parques, estaciones de transporte y, en general, los lugares donde transcurre la vida.
La Ley 2635 también incorpora algo fundamental: educación y divulgación de las normas de seguridad, derechos, deberes y responsabilidades de ciclistas y peatones. Además, ordena desarrollar una línea específica de seguridad vial y prevención de siniestros para estos usuarios.
Y aquí aparece la parte interesante para BiciUrba, porque proteger al ciclista no significa decirle que puede hacer lo que quiera.
El Código Nacional de Tránsito establece que quien conduce una bicicleta debe respetar las señales y normas de tránsito, circular por los espacios permitidos, no utilizar los andenes como vía de circulación, utilizar elementos reflectivos cuando corresponda y llevar luces blanca adelante y roja atrás durante la noche. También establece que las bicicletas deben ocupar un carril cuando circulan por la calzada y contempla reglas para quienes circulan en grupo.
En otras palabras, el casco, las luces, los elementos reflectivos, el respeto por el semáforo, la señalización manual, la prudencia y el sentido común no desaparecen porque exista una nueva ley, al contrario: la nueva protección exige también un nuevo compromiso del ciclista.
Y la responsabilidad no termina ahí. La Ley 2635 modifica las reglas para el adelantamiento de ciclistas y establece que los conductores de vehículos automotores deben dejar una distancia mínima de 1,50 metros al realizar esa maniobra. El incumplimiento puede generar la multa correspondiente y, si como consecuencia de no respetar esa distancia se producen lesiones o la muerte del ciclista, puede llegar a suspenderse la licencia de conducción hasta por diez años.
Es una medida importante porque obliga a recordar algo elemental: una bicicleta y un automóvil no son equivalentes cuando comparten espacio. La diferencia de masa, velocidad y capacidad de protección física hace que el error del vehículo más grande pueda tener consecuencias mucho mayores para quien pedalea.
Pero también hay que decirlo sin rodeos: no todos los problemas de seguridad vial los producen los automóviles. Hay ciclistas que atraviesan semáforos en rojo, circulan de noche sin luces, van en contravía, utilizan el andén a toda velocidad, se meten entre vehículos o convierten una vía pública en una pista de competencia o de malabarismo de circo. También existen conductores de automóviles, buses, camiones y motocicletas que desconocen o ignoran las normas destinadas a proteger al ciclista.
Una política de seguridad seria debe mirar a todos.
La bicicleta reclama respeto, pero también debe ofrecer respeto. El automóvil tiene mayor responsabilidad por su capacidad de causar daño, pero el ciclista tampoco puede renunciar a sus obligaciones.
La Ley 2635 abre además una puerta interesante: la participación de organizaciones de ciclistas y peatones en planes, programas y proyectos relacionados con seguridad vial y promoción de la bicicleta.
Eso puede convertir a los usuarios en algo más que espectadores de las decisiones públicas. Quien pedalea todos los días conoce dónde termina una ciclorruta, dónde falta iluminación, dónde un vehículo invade el espacio ciclista y dónde una intersección se convierte en una pequeña trampa urbana o una venta ambulante que entorpece todo.
Y esta idea podría viajar mucho más allá de Colombia. Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Pereira, Tunja, San Juan de Pasto o cualquier otra ciudad pueden beneficiarse de mejores redes ciclistas. Pero también lo podrían hacer Quito, Lima, Santiago, Buenos Aires, Montevideo, Asunción, San Juan, Mendoza, Córdoba, Rio de Janeiro o cualquier ciudad latinoamericana que quiera recuperar espacio para caminar y pedalear.
Porque al final, una buena ley necesita tres cosas: infraestructura, autoridad y ciudadanos dispuestos a cumplirla. La primera permite circular. La segunda hace respetar las reglas. La tercera evita que la seguridad dependa únicamente de multas.
Una bicicleta no necesita un ejército para avanzar, si una vía razonablemente segura, un conductor que la vea y la respete, y un ciclista que recuerde que llegar cinco minutos antes nunca vale una vida.
La Ley 2635 puede ser una buena noticia para quienes pedalean por Colombia. Ahora comienza la parte verdaderamente difícil: convertir las palabras del papel en calles más seguras y convertir las normas de tránsito en hábitos cotidianos. Porque una ciclorruta bien diseñada ayuda, una ley ayuda, pero la prudencia de todos salva vidas.
Y quizá esa sea la mejor manera de entender la bicicleta: no como enemiga del automóvil, ni como dueña de la calle, sino como una forma sencilla de compartirla. Una máquina de dos ruedas que, cuando encuentra respeto a su alrededor, puede llevarnos mucho más lejos que cualquier discurso, y además, sin gastar una gota de gasolina y ensuciar el aire que respiramos.
